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02/10/2015 - Estatal - Procedimiento Administrativo

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

BOE 02/10/2015
Entrada en vigor:

 Al año de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.

Objeto:

Regular las relaciones «ad extra» entre las Administraciones y los administrados, los derechos y garantías mínimas de los ciudadanos respecto de la actividad administrativa y el procedimiento administrativo.

Sistematizar e integrar en un texto la dispersa normativa existente.

Comentario:

Se aprueba una reforma integral y estructural que ha de permitir ordenar y clarificar las relaciones “ad extra” de  las Administraciones con los ciudadanos y empresas y  las  internas con el resto de Administraciones e instituciones del Estado.


En el título Preliminar recoge las disposiciones generales, donde se concreta el objeto y ámbito de aplicación de la Ley. En él se establecen los principios que informan el  ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria de las Administraciones Públicas a fin de asegurar su ejercicio de acuerdo con los principios de buena regulación,  garantizar la audiencia y participación de los ciudadanos en la elaboración de las normas y lograr la predictibilidad y evaluación pública del ordenamiento.


El título I, relativo  a los interesados en el procedimiento, regula las especialidades de la capacidad de obrar en el ámbito del Derecho administrativo.  Se incluyen nuevos medios para acreditar la representación ante la Administración pública.


Se distingue entre identificación y firma electrónica y se simplifican los medios para acreditar una u otra. Se admiten como sistemas de firma: los sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica; los sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y de sello electrónico avanzado basados en certificados cualificados de sello electrónico; y,  cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren válido.


El título II se dedica a la actividad de las Administraciones Públicas, normas generales de actuación y términos y plazos (reglas para su cómputo, ampliación o la tramitación de urgencia, cabe destacar el cómputo de plazos por horas y la declaración de los sábados como días inhábiles).


El título III regula los actos administrativos, requisitos de los actos administrativos, su eficacia y las reglas sobre nulidad y anulabilidad.


Del título IV, relativo  a las  disposiciones sobre el procedimiento administrativo común, cabe destacar la incorporación de los procedimientos  especiales sobre potestad sancionadora y  de responsabilidad patrimonial como especialidades del procedimiento administrativo común. Otra novedad a destacar es la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común.


El título V, de la revisión de los actos en vía administrativa, introduce la posibilidad de que cuando una Administración deba resolver una pluralidad de recursos administrativos que traigan causa de un mismo acto administrativo y se hubiera interpuesto un recurso judicial contra una resolución administrativa o contra el correspondiente acto presunto desestimatorio, el órgano administrativo podrá acordar la suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga pronunciamiento judicial.


El título VI, regula  la iniciativa legislativa y potestad normativa de las Administraciones Públicas, recoge los principios a los que ha de ajustar su ejercicio la Administración titular e incrementa la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas, al tiempo, se prevé mejorar la planificación normativa  a través de un Plan Anual Normativo en el que se han de recoger las propuestas con rango de ley o reglamento que se hayan de elevar para su aprobación el año siguiente. Esta planificación se acompaña de una evaluación posterior a fin de revisar de forma continua la adaptación de la normativa a los principios de buena regulación.


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