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16/10/2017 - Contratos Administrativos

Profesionalización de la contratación pública. Construir una arquitectura para la profesionalización de la contratación pública.

Comisión Europea (03/10/2017)
Referente Normativo:

-Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE.

-Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión.

-Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE.

Texto:

Se publica en el “Diario Oficial de la Unión Europea” de 7 de octubre de 2017 la Recomendación (UE) 2017/1805, de 3 de octubre de 2017, sobre la profesionalización de la contratación pública, que pretende garantizar la aplicación eficiente de las normas de contratación pública en todos los niveles, tanto desde el punto de vista de los fondos públicos, como desde el de la profesionalización en la contratación.

La Recomendación se remite a las directivas de contratación como mecanismos para proporcionar instrumentos aptos para garantizar un uso eficiente y estratégico de la contratación pública. Así, expresamente señala que la contratación pública se enfrenta a nuevos retos puesto que se espera que cada vez más “demuestre la mejor relación calidad-precio en las inversiones públicas en entornos presupuestarios cada vez más restrictivos; use las oportunidades de digitalización y mercados en evolución; realice una contribución estratégica a los objetivos de política horizontal y valores sociales como la innovación, la inclusión social y la sostenibilidad económica y medioambiental; maximice la accesibilidad y muestre responsabilidad para minimizar las ineficiencias, el malgasto, las irregularidades, el fraude y la corrupción, así como para crear cadenas de suministro responsables”.

Se considera, pues, necesario “garantizar el uso más eficiente de los fondos públicos y los compradores públicos necesitan estar en condiciones de contratar de acuerdo con las normas más exigentes de profesionalidad”.


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