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31/01/2017 - Urbanismo

Procedencia de la anotación en el Registro de la Propiedad de un mandamiento de embargo expedido en expediente de apremio por impago de determinadas cuotas de urbanización, cuando tanto la providencia de apremio como la diligencia de embargo son posteriores a la fecha de la inscripción del concurso de acreedores del titular registral.

Dirección General de los Registros y del Notariado (22/09/2016)
Referente Normativo:

-Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

-Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.

-Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística.

Antecedente de hecho:

Se presenta ante el Registro de la Propiedad un mandamiento de anotación preventiva de embargo sobre una finca registral, por impago dedeterminadas cuotas de urbanización impagadas. El Registrador emite nota de calificación negativa por hallarse la finca inscrita en situación de concurso de acreedores.

 

Texto:

Se presenta ante el Registro de la Propiedad para su anotación, un mandamiento de anotación preventiva de embargo ordenada por la tesorería municipal, sobre una finca registral, por impago de determinadas cuotas de urbanización. Se deniega respecto a una parte indivisa de la nuda propiedad que pertenece a una persona por estar inscrito el concurso de acreedores de la misma y estar sujeto a la Ley Concursal, en sus artículos 24.4, 55.1, 56, 57 y 155.

El Alcalde Presidente del municipio presenta un recurso contra la calificación del Registrador  en base al hecho de que aunque se halle inscrita la situación de concurso de acreedores respecto a esta persona, el artículo 55.1 de la Ley Concursal de 9 de julio de 2003, vigente en el momento de la declaración de concurso, establece que “Declarado el concurso, no podrán iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor. Hasta la aprobación del plan de liquidación, podrán continuarse aquellos procedimientos administrativos de ejecución en los que se hubiera dictado diligencia de embargo y las ejecuciones laborales en las que se hubieran embargado bienes del concursado, todo ello con anterioridad a la fecha de declaración del concurso, siempre que los bienes objeto de embargo no resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor”.  Se exceptúa de  esta norma “lo establecido en esta Ley para los acreedores con garantía real” (art. 55.4).  

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