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03/03/2015 - Procedimiento Administrativo

La copia impresa de una página electrónica no reúne, por sí sola, los requisitos necesarios para considerarla prueba documental.

Consejo consultivo (10/02/2015)
Referente Normativo:

-Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias.

-Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Antecedente de hecho:

La Adminsitración tras tener conocimiento de la oferta e información sobre alojamientos turísticos realizada a través de internet, incoó un procedimiento sancionador que terminó con la imposición de una multa.

El interesado solicita la revisión de la resolución sancionadora por considerar que incurre en una causa de nulidad de pleno derecho, la prevista en el apartado uno del artículo 62 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico y de Procedimiento administrativo común.

 

Comentario:

La incorporación de las nuevas tecnologías supone, sin duda, un instrumento útil para el funcionamiento de la Administración Pública. Sin embargo, es preciso que la información obtenida reúna una serie de requisitos a fin de garantizar el cumplimiento de los principios inspiradores de los diversos procedimientos administrativos.


En el Dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, se afirma que la mera copia de una información obtenida desde  internet no es suficiente para constituir prueba de cargo en un procedimiento sancionador.

Texto:

El Consejo Consultivo de Canarias afirma que la información obtenida en  una página electrónica por sí sola carece de valor probatorio suficiente para  demostrar la comisión de una infracción. Así se pronuncia en el dictamen preceptivo emitido en un procedimiento de revisión de un acto administrativo, en el que se impone una sanción por comisión de una infracción grave de la Ley de Ordenación del Turismo en Canarias, cuya prueba de cargo era una información obtenida en internet, sin mayor constatación.

La cuestión se plantea cuando la Administración, tras tener conocimiento de la oferta e información sobre alojamientos turísticos realizada a través de internet y tras comprobar que éstos no figuraban inscritos en el Registro como establecimientos turísticos, sin incorporar al expediente  documentos suficientes para acreditar el ejercicio de esta actividad, incoó un procedimiento sancionador que terminó con la imposición de una multa.


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