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26/06/2015 - Contratos Administrativos

Aplicación del nuevo régimen jurídico de revisión de precios creado como consecuencia de la disposición adicional 88 de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2014 y la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española.

Junta Consultiva de Contratación Administrativa (27/05/2015)
Referente Normativo:

-Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2014.

-Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española.

-Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Texto:

En el “Boletín Oficial del Estado” de 1 de abril de 2015 se publicó la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española. Explica la Ley, en su Exposición de Motivos, los efectos de la desindexación dentro de la economía para justificar su desaparición. Así, la Ley califica la indexación como una práctica que permite “modificar los valores monetarios de las variables económicas, de acuerdo con la variación de un índice de precios a lo largo de un período” y recoge los efectos “perversos” que esta práctica genera.

La Ley tiene como objeto establecer una nueva disciplina no indexadora en el ámbito de la contratación pública, en los precios regulados y, en general, en todas las partidas de ingresos y gastos de los presupuestos públicos, elimina la regulación de la indexación y, en casos excepcionales, cuando la revisión de valores sea indispensable, el objeto de la ley es eliminar los efectos de una segunda ronda y vincula la actualización de precios y rentas a la evolución de los costes pertinentes en cada situación, se facilita una mayor flexibilidad y una mejor reacción de la economía española ante perturbaciones.

El objeto de la Ley es establecer un régimen basado en que los valores monetarios no sean modificados por índices de precios o fórmulas que los contengan; abarca la totalidad de los conceptos que son objeto de revisión en la legislación vigente: precios de contratos públicos, tasas, precios y tarifas regulados, subvenciones, prestaciones, ayudas, multas y sanciones o valores referenciales.

La Ley afecta a los contratos de todo el sector público, sean públicos o privados o patrimoniales. De hecho, respecto de las revisiones de los precios y tarifas contenidos en los contratos del sector público se remite al régimen establecido en el texto refundido de la Ley de contratos del sector público. 

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