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15/01/2016 - Procedimiento Administrativo

Una vez producido el silencio administrativo con efecto estimatorio la Administración no puede dictar una resolución expresa tardía denegatoria, aunque considere el acto nulo; en este caso, habrá de acudir al procedimiento de revisión de oficio.

Tribunal Supremo - 18/12/2015
Antecedente Normativo:

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

 -Ley 6/2009, de 6 de mayo, de  medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo de la Comunidad Autónoma de Canarias.

-Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo[1].

 

[1]  Derogado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

Comentario:

El Tribunal Supremo, en la sentencia que traemos a estas líneas, recuerda la doctrina del silencio administrativo positivo y sus efectos y, afirma que, aun en supuestos de procedimientos innominados, si se inician a instancia de parte, el silencio tiene efecto estimatorio con carácter general, salvo que una ley disponga expresamente lo contrario o cuando con la estimación se transfieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o servicio público.

Texto:

Producido un acto por silencio administrativo con efecto estimatorio no cabe pronunciamiento expreso posterior en sentido contrario. Así lo recuerda la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo en la sentencia que traemos a estas líneas, en la que se resuelve el recurso de casación  interpuesto ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que anuló el acto de la Administración autonómica mediante el que se desestimó expresamente una petición resuelta por silencio administrativo.


La cuestión planteada se refiere a una solicitud formulada por el interesado, en relación con unas medidas alternativas opcionales previstas para los titulares de suelos turísticos que contaran con la consolidación de sus aprovechamientos, recogidas en la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de  medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo de la Comunidad Autónoma de Canarias.


La regulación contenida en la Ley, en concreto en su artículo 17 relativo a las “Alternativas a  los aprovechamientos urbanísticos de uso turístico”, incluye, a juicio del Tribunal de instancia, un doble procedimiento de naturaleza, finalidad y régimen jurídico diferenciado. El primero, se inicia a instancia del interesado con el ejercicio de la opción de entre las alternativas previstas que la ley recoge. Si se cumplen los requisitos legales establecidos, la Administración está obligada a aceptar la opción, incoar el procedimiento y resolverlo. El segundo, derivado del primero, se inicia de oficio por cuanto prevé la modificación del planeamiento y el reconocimiento, en su caso, de la indemnización correspondiente.

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