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09/09/2014 - Régimen Local

Un Ayuntamiento no puede colocar en la fachada de su sede una pancarta reivindicativa en base a la libertad de expresión de los miembros de las corporaciones locales.

Juzgado de lo contencioso administrativo - 01/09/2014
Antecedente Normativo:

-Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen local.

-Ley 4/2008, de 19 de junio, de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo del País Vasco.

Comentario:

Se analiza en esta sentencia el principio de neutralidad política aplicable a la actuación de los poderes públicos  a través de la doctrina jurisprudencial sentada al respecto.  En concreto, en relación con la Administración local, este principio actúa como límite al ejercicio de la autonomía local de forma  que el Ayuntamiento no puede actuar como portavoz de reivindicaciones, por legítimas que sean, de individuos o colectivos singularizados  por una determinada ideología u opción política por cuanto compromete el interés general al confundir ésta con los cometidos y fines del ente local.


Por otra parte, no cabe defender esta actuación en defensa del derecho a la libertad de expresión de los miembros de las corporaciones locales, por cuanto la Administración, en su actuación, ha de cumplir con el principio de habilitación normativa, lo que significa que no puede realizar lo que la ley no prohíbe y por tanto no puede actuar fuera del ámbito de competencias que tiene atribuidas.

Texto:

¿Puede un Ayuntamiento colocar una pancarta  reivindicativa en la fachada de su sede, en base a la libertad de expresión de los miembros de las corporaciones locales?


El juzgado de lo contencioso administrativo número 2,  de Donostia, resuelve la pregunta en sentido negativo, pues entiende que la colocación de la pancarta en la fachada de la sede del Ayuntamiento,  comporta  la identificación de la reivindicación con el posicionamiento de la entidad municipal y se aparta de los cometidos y fines que le son propios.


La cuestión se plantea ante la colocación, por parte del Ayuntamiento, de un cartel de carácter reivindicativo en favor de los presos vascos, en la fachada de su sede. Contra esta actuación se interpone recurso contencioso-administrativo que se funda, entre otros motivos, en la vulneración del principio de neutralidad y objetividad que debe regir la actividad de las Administraciones Públicas, recogido en el artículo 103 de la Constitución y en el artículo 6 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen local.


El Ayuntamiento, en su defensa, considera  que la colocación del cartel no vulnera este principio; al contrario, a su juicio, la jurisprudencia admite supuestos de libertad de expresión de los miembros de las corporaciones locales “en asuntos que no son de la competencia estricta de las mismas, pero siempre al margen de las potestades locales.” 


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