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02/09/2013 - Urbanismo

¿Puede una ley cambiar la clasificación del suelo y, en este caso, cabe exigir indemnización al legislador?

Tribunal Supremo - 25/07/2013
Antecedente Normativo:

-Ley 1/1991,  de 30 de enero, de Espacios Naturales y Régimen Urbanístico de las Áreas de Especial Protección de las Islas Baleares.

-Real Decreto-ley 16/1981, de 16 de octubre, de adaptación de planes generales de ordenación urbana.

-Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Comentario:

El Tribunal Supremo nos recuerda en esta sentencia, en primer lugar, los criterios y requisitos legales y jurisprudenciales aplicables para clasificar un suelo como urbano. En segundo lugar, reconoce la posibilidad de que el legislador responda por los daños derivados de un cambio de clasificación urbanística contenido en una norma de rango legal,  concreta el marco legislativo que regula tal responsabilidad y los requisitos precisos para que la reclamación prospere.

Texto:

Se interpone ante el Tribunal Supremo un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares que desestima un recurso contencioso administrativo en el que se pretende la revisión del planeamiento para reclasificar la finca propiedad del recurrente como suelo urbano y, subsidiariamente, el reconocimiento de responsabilidad patrimonial de la Administración, derivada de la desclasificación urbanística de la finca de su propiedad, con abono de la correspondiente indemnización.


El asunto se plantea tras la aprobación de un Plan Territorial Insular de Menorca que clasifica la finca del recurrente como suelo no urbanizable, en  contravención, a juicio del mismo, de lo establecido en el Plan General de Ordenación Urbana vigente. El recurrente dirige la solicitud al Consejo Insular de Menorca con la pretensión de que se restituyan los terrenos a su correcta clasificación de suelo urbano o, subsidiariamente, proceda a satisfacer indemnización por reducción del aprovechamiento urbanístico de los terrenos por la inutilidad de los gastos invertidos en la urbanización.


 


La pretensión se funda en el hecho de que la parcela se clasificó como suelo urbano en el Plan General de Ordenación Urbana de 1974, clasificación que se mantuvo en su revisión aprobada en 1994. El recurrente afirma que había realizado obras de urbanización para dotar al suelo de los preceptivos servicios urbanísticos y que contaba con la autorización previa de la Consejería de Turismo para realizar apartamentos. Añade que a pesar de que la Ley1/1991 de Espacios Naturales contemplaba que la parcela pasaba a ser suelo no urbanizable protegido, le era de aplicación la excepción de la propia Ley respecto a los suelos clasificados como urbanos antes de la entrada en vigor de la referida Ley, por cuanto su parcela contaba con los servicios  urbanísticos básicos. El suelo nunca dejó de ser urbano  y la desclasificación del suelo realizada por el Plan Territorial era contraria, por tanto, a la revisión del Plan General de Ordenación aprobada en 1994, por ello, se debía desclasificar o bien indemnizar por la pérdida de aprovechamientos urbanísticos y por la inutilidad de los gastos invertidos en la urbanización.

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