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26/08/2014 - Hacienda Local

Las entidades locales cuentan con el privilegio de no tener que prestar caución.

Audiencia Nacional - 30/07/2014
Antecedente Normativo:

-Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

-Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley regladora de las Haciendas locales.

-Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Texto:

Las Corporaciones locales cuentan con el privilegio de no tener que prestar caución, como medida contracautelar del artículo 133.1 de la Ley Jurisdiccional,  pues la Administración acreedora cuenta con medios suficientes para asegurar el cobro de un crédito que tiene la naturaleza de ingreso de derecho público, a esta conclusión llega la Audiencia Nacional en un asunto relacionado con el reintegro de las subvenciones percibidas por una Corporación local.


La cuestión se plantea con ocasión de un auto dictado por el Juzgado  Central de lo Contencioso-Administrativo en un procedimiento de reintegro de una subvención, en el que se acuerda la suspensión cautelar  de la resolución dictada por la Subdirección General de Recursos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social previa prestación de caución por el importe que era objeto de reintegro.


La Corporación local como beneficiaria de unas ayudas concedidas por el Instituto Nacional de Empleo para la contratación de trabajadores desempleados, en obras y servicios de interés general y social, fue requerida para que reintegrara la subvención percibida.  Contra esta resolución interpuso recurso de alzada que fue desestimado. El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo, en el procedimiento ordinario seguido, dictó Auto por el que acordaba la suspensión cautelar de la resolución de la Subdirección General previa prestación de caución por el importe que era objeto de reintegro.


El auto se fundamenta en el artículo 133 de la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa con el fin de garantizar los perjuicios que se podrían causar a la Administración derivados de la suspensión.


La Corporación local, en el recurso de apelación interpuesto contra este auto, considera que la entidad local no está obligada a prestar caución alguna. En su recurso alega, entre otros  motivos,  que el auto vulnera el artículo 133 de la Ley jurisdiccional ya que la exigencia de  fianza o aval es un modo de asegurar el resultado de la sentencia pero que, en el caso de deudas de los entes públicos, se permite la extinción de deudas de naturaleza pública vencidas, líquidas y exigibles a través de deducción  transferencias  o a través de compensación. Además, alega que la Ley  reguladora de las Haciendas locales impide la exigencia de caución a las entidades locales.

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