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06/12/2013 - Procedimiento Administrativo

La teoría jurídica de las nulidades ha de ser aplicada con moderación y han de ponderarse las circunstancias concurrentes.

Tribunal Supremo - 19/11/2013
Antecedente Normativo:

-Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

-Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa.

Comentario:

La sentencia del Tribunal Supremo recuerda la doctrina sobre la nulidad o anulabilidad procedimental de los actos administrativos y niega que cualquier irregularidad procedimental sea determinante de nulidad; en sede expropiatoria, no  toda irregularidad comporta una actuación de la Administración en vía de hecho.

Texto:

¿Todo vicio de procedimiento comporta la nulidad de actuaciones?


 


El Tribunal Supremo responde a esta cuestión planteada como consecuencia de la impugnación de una vía de hecho en que habría incurrido la Administración en el momento de proceder al levantamiento de las actas previas a la ocupación de unos terrenos en un procedimiento expropiatorio.


 


Al parecer, la Administración citó correctamente a los afectados, con indicación del lugar donde se procedería al levantamiento de las referidas actas; a consecuencia de la situación de protesta generalizada puesta de manifiesto por trabajadores y por directivos de las empresas afectadas por la expropiación y con conocimiento de todos los afectados, los funcionarios actuantes en este trámite se vieron obligados a trasladarse para su práctica a otro edificio.


 


Una de las empresas afectadas, contraria a la expropiación, no acudió al lugar. Más tarde, en base a este cambio de lugar para el levantamiento de las actas, esta empresa impugnó la vía de hecho en que habría incurrido la Administración.


 


El Tribunal Superior de Justicia, en resolución del recurso contencioso administrativo negó la existencia de la vía de hecho y, en consecuencia, negó que se incurriera en causa de nulidad alguna.


 


Contra esta sentencia, la empresa interpone recurso de casación; uno de los motivos es la infracción de los artículos 21.3 y 52.3 de la Ley de Expropiación Forzosa y jurisprudencia del Tribunal Supremo pues la sentencia impugnada  permite a la Administración actuar al margen de toda legalidad en el acto de levantamiento de las actas previas de ocupación.

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