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20/02/2015 - Circulación

La identificación de la infracción y  la sanción impuesta con la mención a una clave sin hacer referencia a la disposición efectivamente aplicada puede vulnerar el derecho a la legalidad sancionadora.

Tribunal Constitucional - 15/12/2014
Antecedente Normativo:

-Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

-Ley Orgánica  2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

-Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Comentario:

La mera mención a una clave en la imposición de una sanción, sin hacer referencia a la disposición efectivamente aplicada, puede vulnerar el derecho a la legalidad sancionadora.


 


Así lo recuerda el Tribunal Constitucional en la sentencia que traemos a estas líneas en las que reconoce el derecho del recurrente a la legalidad en materia sancionadora por cuanto la imposición de la sanción no identifica mínimamente la relación entre la infracción y la sanción impuesta.

Texto:

El derecho fundamental a la legalidad sancionadora exige que la resolución administrativa que pone fin al procedimiento identifique de forma expresa o implícita, el fundamento legal de la sanción. Así se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en la sentencia que traemos a estas líneas, donde se resuelve un recurso de amparo que se promueve contra las resoluciones administrativas mediante las que se impone la sanción y las resoluciones judiciales dictadas en el procedimiento contencioso administrativo.


 


La cuestión se plantea con ocasión de la imposición de una multa de tráfico. La denuncia y la incoación del procedimiento que se notifica al ciudadano indican con referencias a claves tanto el precepto infringido como la calificación de la infracción.


 


El ciudadano sancionado interpone recurso contencioso administrativo, en el que alega la vulneración del derecho fundamental de presunción de inocencia y del principio de responsabilidad personal y la vulneración del principio de proporcionalidad y la necesidad de motivar la gravedad de la sanción conforme establece la Ley de Régimen jurídico y del procedimiento administrativo común.


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