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11/02/2014 - Urbanismo

La exigencia de la intervención de entidades colaboradoras de la administración en actuaciones de verificación y acreditación, como requisito necesario para solicitar las licencias, supone una prestación patrimonial pública de carácter coactivo con inequívoca finalidad de interés público.

Tribunal Supremo - 10/12/2013
Antecedente Normativo:

Artículo 31 de la Constitución Española.

Comentario:

El Tribunal Supremo resuelve los recursos de casación interpuestos contra las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de 17 de febrero de 2011 en las que se anularon aquellos preceptos de la Ordenanza municipal reguladora del Régimen de Gestión y Control de licencias urbanísticas de actividades por cuanto establecía la intervención de entidades colaboradoras  privadas en dos momentos, uno con carácter previo a la solicitud de las licencias y otro posterior, de carácter periódico de verificación de cumplimiento de condiciones. Esta intervención se establecía con carácter impositivo y obligaba a los particulares a retribuir a las entidades por ellos contratadas a los fines previstos. 


 


Las sentencias de instancia calificaron esta intervención de prestación patrimonial de carácter coactivo.


 


El Tribunal Supremo analiza los argumentos del recurrente y los razonamientos vertidos en las sentencias recurridas que confirma en su integridad. 

Texto:

¿Tiene naturaleza de prestación patrimonial pública de carácter coactivo la imposición a los particulares de la contratación de una entidad colaboradora de la administración para que emita un certificado de conformidad y vincular su presentación a la tramitación de una solicitud de licencia? El hecho de que la retribución a la entidad tenga naturaleza de contraprestación de carácter privado, ¿tiene una finalidad pública?


 


El Tribunal Supremo responde afirmativamente las dos cuestiones en la resolución de sendos recursos de casación interpuestos por el Ayuntamiento de Madrid, contra las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de 17 de febrero de 2011, en las que, con estimación de los recursos contenciosos administrativos interpuestos, anulan diversos artículos de la Ordenanza municipal reguladora del Régimen de Gestión y Control de licencias urbanísticas de actividades, entre los que se encontraban los preceptos referidos a la intervención de las entidades colaboradoras de la Administración en la gestión de licencias urbanísticas.


 


El asunto se plantea con ocasión de la aprobación, por parte del Ayuntamiento de Madrid, de una Ordenanza por la que se establece el Régimen de Gestión y Control de licencias urbanísticas de actividades. Éste régimen preveía la intervención de entidades colaboradoras privadas en dos momentos, uno previo a la solicitud de las licencias y otro posterior, de carácter periódico, de verificación del mantenimiento de las condiciones que justificaron su concesión.


 


Contra esta Ordenanza se interpusieron varios recursos que, tramitados en la sala de lo contencioso administrativo, sección 2ª, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se estimaron y anularon determinados artículos de la Ordenanza, entre los que se encontraban los relativos al sistema de gestión y control referido.


 


A juicio del Tribunal Superior de Justicia, en la resolución de los recursos contenciosos administrativos interpuestos (sentencias de 17 de febrero de 2011, recursos  701/2009, 632/2009  y 613/2009), la Ordenanza daba  entrada a las entidades colaboradoras de la Administración en la gestión de las licencias de forma tal...

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