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21/05/2013 - Régimen Local
El Alcalde no podrá nombrar como miembros de la Junta de Gobierno a personas que no ostenten la condición de concejal.
Tribunal Constitucional - 25/04/2013
Antecedente Normativo: -Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para Modernización del Gobierno Local. -Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Comentario: El Tribunal Constitucional resuelve un recurso de inconstitucionalidad planteado por el Parlamento de Cataluña contra la disposición final primera de la Ley de medidas para la modernización del Gobierno local y contra varios artículos de la Ley reguladora de las Bases de Régimen local en la redacción dada por la primera Ley mencionada.
La sentencia estima parcialmente el recurso en el sentido de declarar constitucional el artículo 130.1.B de la Ley reguladora de las bases de régimen local, en la interpretación que recoge el fundamento jurídico 5 J de la sentencia, declara inconstitucional y nulo en los términos establecidos en el Fundamento Jurídico 6 de esta sentencia, el inciso del párrafo segundo, del artículo 126.2 de la Ley 7/1985 relativo al nombramiento de miembros de la Junta de gobierno local a personas no electas y desestima el recurso en todo lo demás.
Se recogen en estas líneas los argumentos del Tribunal así como los del voto particular, a favor de que en la Junta de Gobierno participen personas no electas.
Texto: El 25 de abril de 2013 el Tribunal Constitucional se pronunció sobre el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Parlamento de Cataluña contra la disposición final primera de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, también conocida como Ley de Grandes Ciudades, que declara básicos algunos preceptos y, también respecto del artículo 126.2, párrafo segundo, inciso primero y del artículo 126.5, primer inciso, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
El Parlamento de Cataluña plantea la inconstitucionalidad en base a la vulneración de la garantía constitucional de la autonomía local y autonómica, y la concreta en algunos preceptos referidos a las mancomunidades, alteración de los términos municipales, la creación obligatoria de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, las Diputaciones provinciales, sobre la figura del concejal adscrito, las formas de gestión de servicios públicos locales, los órganos preceptivos, los distritos, nombramientos de concejales no electos, reuniones plenarias con carácter secreto, etc.
Hay que hacer hincapié en el aspecto que más repercusión ha tenido en el ámbito del gobierno local: la declaración de inconstitucional y nulo el inciso del párrafo segundo del artículo 126.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local. Con esta declaración de inconstitucionalidad se prohíbe que el Alcalde pueda nombrar como miembros de la Junta de Gobierno a personas que no ostenten la condición de concejal. Ello ha dado lugar, incluso, a que se redactara un voto particular a la sentencia en sentido contrario alegando que esta posibilidad se está dando en el Gobierno de España y también en los gobiernos autonómicos y posibilita que personas que no son electas formen parte del equipo de gobierno como ministros de España o consejeros autonómicos. Sin embargo, esta posibilidad queda descartada para el ámbito local.
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